Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos pide a Piñera fin al Estado de Emergencia

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Temuco, 22 de octubre de 2019

 

SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE
PRESENTE

 

Mediante la presente, la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de la Araucanía, referente que convoca a diversas organizaciones de la sociedad civil de la Región que desarrollamos labores de promoción y defensa de los Derecho Humanos, nos dirigimos a usted para plantearle nuestra posición respecto a los condenables hechos ocurridos durante los últimos días en nuestro país y en nuestra región, en los cuales hemos sido testigos de cómo la ciudadanía se ha levantado, inicialmente en Santiago, y luego a lo largo del país, para expresar su cansancio y malestar frente múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación por parte del Estado y de las élites políticas y económicas del país que lo controlan.

A la protesta inicial de los y las estudiantes de Santiago por el incremento de las tarifas del Metro, se fueron sumando amplios y diversos sectores de la población, incluyendo trabajadores, pobladores y en general los sectores más marginados, para expresar su malestar largamente contenido frente a los abusos de los que han sido objeto por tanto tiempo. No se trata de un malestar nuevo, sino de uno que se venía manifestando de muchas formas como la protesta social, la masiva desconfianza en las instituciones del Estado, de los partidos políticos y del empresariado, así como de la abstención electoral más elevada de América Latina, entre otras. Todas estas manifestaciones no han sido escuchadas ni abordadas por el Gobierno, los partidos políticos y mucho menos por los sectores que concentran el poder económico en el país.

Como sabemos, dicho malestar se relaciona con diversos aspectos relacionados con la forma en que los diversos aspectos de la vida de las chilenas y chilenos ha sido entregada de manera desmedida al mercado para asegurar la generación de utilidades de grandes conglomerados empresariales, lo que se ve reflejado en la acumulación de la propiedad de los bienes comunes –como la tierra, el agua y los recursos del subsuelo–, la apropiación de los ahorros previsionales, la privatización de la educación y la salud, el lucro con la vivienda, la generación de una enorme brecha salarial y de ingresos en perjuicio de los y las trabajadoras, y ha negado la existencia y derechos de los pueblos indígenas y de las personas en movilidad humana en el país. Todas estas situaciones de injusticia tienen su principal fundamento en la persistencia de una institucionalidad construida durante la dictadura cívico militar, cuya mayor expresión es la Constitución Política de 1980, la que ha sido defendida férreamente por quienes la impusieron y a la que se han acomodado los sectores que inicialmente se opusieron a ella, la que mediante la creación del llamado Orden Público Económico impone un modelo Neoliberal, libremercadista y extractivista que ha sido la principal base de la inequidad económica y social de nuestro país, y por tanto la principal causa de la fractura actual del país.

El reclamo de la ciudadanía, ha sido desatendido por décadas por elites políticas, en particular las que representan los intereses de los empresarios, las que se han escudado de manera inmoral en las reglas impuestas en dicha Constitución para mantener sus privilegios, muchos de ellos –como el agua– obtenidos gratuitamente, así como para impedir cualquier transformación social y política basada en derechos humanos.

El cansancio frente a este estado de cosas y la ausencia de posibilidades de cambio del status quo por la vía política, generó la explosión social que estamos viviendo, la que se ha manifestado de muchas maneras, incluyendo multitudinarias manifestaciones pacíficas y también hechos de fuerza que han resultado en la destrucción de bienes públicos, como el Metro de Santiago, y la destrucción y saqueo de bienes privados, como los supermercados y farmacias. Como organismos de derechos humanos no podemos sino rechazar estas últimas vías de acción. Sin embargo, si bien no las justificamos, las entendemos como expresiones de un descontento y rabia largamente contenidos en cuya gestación cabe la responsabilidad principal a la elite política y económica del país, y los diversos Gobiernos que no han tenido la capacidad de escuchar este malestar ciudadano.

Desde nuestra perspectiva, la respuesta del Gobierno frente a esta explosión social ha sido errónea, recurriendo a las herramientas que la institucionalidad de la dictadura le otorga, declarando el estado de emergencia y toque de queda, en diversas Regiones y ciudades del país, entre las que se encuentra nuestra capital Regional, la ciudad de Temuco, sacando a las fuerzas armadas a la calle, fuerzas que en conjunto con las policiales han tenido un actuar absolutamente abusivo y reñido con los estándares de un Estado Democrático. Dicho actuar represivo y desproporcionado, persiste y cada día lo vemos de manera más violenta en el país, donde ha resultado ya en la muerte de varios ciudadanos, y de cientos de heridos, y en nuestra Región, donde cada acto legítimo y pacífico de protesta social ha sido reprimido de la manera más violenta e impune, dejando a decenas de heridos entre los que se encuentra mujeres y hombres adultos y menores de edad, los que en muchos casos son detenidos de manera ilegal. Lamentablemente estos hechos nos lleva a remembrar los tiempos más oscuros de nuestra historia contemporánea.

Hacemos presente que, tal como lo ha señalado el Poder Judicial y el INDH, el estado de emergencia no interrumpe las garantías fundamentales de las personas, si no que solo implica una limitación al derecho a reunión y desplazamiento, por lo cual instamos que el actuar de las fuerzas armadas y de orden se atenga a dicho imperativo, esencial del Estado de Derecho. Desgraciadamente creemos que el actuar de las fuerzas militares y de orden no ha sido respetuosa de dicho imperativo.

La situación de vulneración de garantías fundamentales que actualmente se vive en todo el país, producto del estado de emergencia y toque de queda es absolutamente homologable al descontrol y violencia excesiva con que actúa Carabineros en los procedimientos realizados en comunidades mapuche a cuyos miembros se les imputan hechos delictuales en el contexto de su legítima reivindicación de derechos. Dicho actuar violento y desproporcionado es el que terminó con la vida del joven mapuche Camilo Catrillanca, así como la de Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collio entre otros.

Condenamos de manera categórica la violencia impuesta por la estrategia de guerra declarada e impulsada por el Gobierno, y nos parece que ellas dan cuenta de una falta de comprensión total del trasfondo del conflicto social y político que estamos viviendo y, por lo mismo, resulta absolutamente inoficiosa para abordar y superar la fractura de Chile, sino por el contrario, la ahonda.

Es por ello que exigimos al Gobierno terminar con el estado de emergencia y a la estrategia de guerra que ha impuesto, para de esta forma terminar con la grave situación de vulneración de derechos humanos que se vive en Chile y en nuestra Región, y demandamos la investigación de los atroces hechos de violencia cometidos por las fuerzas armadas y de orden, para que se sancione a sus perpetradores con las penas que establece la ley.

Exigimos también que cada intendencia se haga cargo de los hechos de violencia perpetrados por las fuerzas policiales y armadas, entregando de manera diaria y pública el listado y destino de personas detenidas, lesionadas y fallecidas.

Consideramos que la única posibilidad de superar esta fractura que vive nuestro país es a través de la generación –con la participación activa de los sectores hasta ahora excluidos por la institucionalidad vigente– de un nuevo acuerdo social y político, inclusivo e intercultural, cimentado en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos, para lo cual instamos al Estado y sus Poderes a que convoquen a un diálogo amplio que permita identificar los cauces a través de los cuales se pueda impulsar la construcción de este nuevo acuerdo social y político inclusivo, considerando la Asamblea Constituyente demandada por la ciudadanía como la alternativa más democrática para alcanzarlo.

Esperando su seria consideración, se despiden atentamente:

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos – Agrupación de expresos políticos Enrique Pérez – Centro de Derechos Humanos UFRO- Centro de Investigación y Defensa del Sur – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano – Red de Acción por los Derechos Ambientales – Red de Defensa de los Territorios 

 

Cc:

Jorge Atton, Intendente Región de La Araucanía

Archivo Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía

 

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